Impuestos saludables

Blanca Llorente

¿Por qué cuando el gobierno busca afanosamente recursos para el sistema de salud se transa con una tímida reforma a los impuestos sobre los cigarrillos?

La epidemia del tabaquismo es una amenaza silenciosa, cuyas consecuencias pasan a menudo inadvertidas en una sociedad en la que las muertes violentas ocupan un espacio importante en los medios y que aún debe destinar recursos a combatir enfermedades infecciosas. Es doloroso ver la cara humana de la epidemia: los pacientes que pierden los mejores años de su vida, o que luchan por sobrevivir a enfermedades de alto costo o enfrentando complicaciones que, de no ser por el cigarrillo, habrían sido mucho menos agudas o jamás se habrían presentado. Menos evidente todavía, pero igualmente preocupante, es el impacto financiero que el tratamiento de estos eventos tiene sobre el sistema de salud, un efecto que aumentará en los próximos años, a medida que vayan envejeciendo las nuevas cohortes de fumadores y de los no fumadores expuestos al humo de segunda mano .

Hasta 2007 en Colombia la prevalencia[1] del tabaquismo se mantenía por debajo del 20%. Pero este indicador es engañoso. En realidad, hay una fuerza que poco a poco se está haciendo visible y que impulsará el aumento del consumo de cigarrillos: es cada vez más frecuente que nuestros jóvenes fumen y la prevalencia en mujeres crece rápidamente. Los datos más recientes para Bogotá revelan una prevalencia cercana al 30%.

Estos indicadores van en contravía de lo que ocurre en la gran mayoría de países desarrollados. En lugares como Inglaterra o Australia, desde hace ya más de dos décadas han logrado quebrar el espinazo a la epidemia y la prevalencia está bajando. También países de ingreso medio, que probaron la amarga experiencia de la carga de la enfermedad asociada con esta adicción, han frenado el ascenso del tabaquismo. Esto ha sido el resultado de acciones concretas por parte de los gobiernos, los sistemas de salud y organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente, hoy contamos con suficiente evidencia acerca del tipo de medidas que funcionan. También sabemos que si nos quedamos de brazos cruzados la epidemia cobrará su costo en vidas y en recursos financieros.

Idealmente, las acciones deben adoptarse de manera coordinada: impuestos a los cigarrillos, para encarecer el producto; controles a la imagen, venta y promoción; establecimiento de espacios libres de humo y programas de cesación. Además, es importante realizar un monitoreo y evaluación de las políticas.

Colombia ya ha logrado avances en casi todas estas dimensiones, con una gran excepción: los impuestos. Como resultado, hoy tenemos uno de los cigarrillos más baratos de América Latina, compartiendo este lugar con Paraguay. Y esto no ha sido por falta de oportunidad de discutir aumentos en los impuestos. De hecho, en el marco de la reforma financiera al sistema de salud, el año pasado se expidió una disposición que intentó establecer un modesto incremento del impuesto al consumo, con un impuesto unificado de $650 por cajetilla. Cuando se cayó esta norma, con la declaración de inexequibilidad del decreto de emergencia social, nuevamente se creó un espacio para el debate, con el proyecto que desembocó en la Ley 1393 de 2010. Sorprendentemente, el impuesto aprobado en esta Ley fue de $570 por cajetilla de 20 cigarrillos. Si bien se aprobó una sobretasa que no estaba contemplada en la medida original, el efecto combinado de estos dos componentes no aumentó la carga impositiva. Es decir, el peso de los impuestos respecto al precio de venta final no ha cambiado.

Los argumentos de aquellos que intervinieron en el pasado debate para favorecer este menor impuesto, fueron escasos y la mayor parte de las veces con muy poca fundamentación y mucha retórica. Se hizo alusión al peligro del contrabando de cigarrillos, a que el aumento en impuestos bajaría el recaudo.  No existe ninguna evidencia empírica sólida en países desarrollados o de ingresos medios -que comparten circunstancias socio-económicas similares a la colombiana- que respalde estas posturas. Tampoco los estudios sobre las características de la demanda de cigarrillos en Colombia y en países latinoamericanos indican la posibilidad de tal peligro en la caída del recaudo.

En pocas circunstancias se ofrece la oportunidad a las autoridades de adoptar una medida que les permita de manera simultanea reducir un factor de riesgo central para los objetivos de las políticas de salud y que además genere ingresos. Se está desaprovechando una oportunidad de recaudo adicional en un momento en que es imprescindible el diseño óptimo de los instrumentos de financiación. Por tanto, debería seguir vigente en la agenda de los Ministerios de Hacienda y de Protección Social el aumento en los impuestos al cigarrillo. Y no cualquier aumento, puesto que los estudios sugieren que hay espacio para duplicar su monto.

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[1] La prevalencia de tabaquismo es la proporción de fumadores dentro de una población, se expresa como porcentaje.

Sobre el Proyecto de Ley de Formalización y del Primer Empleo.

Javier Deaza-Director Observatorio Económico Universidad Sergio Arboleda

El proyecto de ley de proyecto de formalización y empleo con el cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca crear 3 millones de empleo formales divididos en 2.5 millones de empleos formales nuevos y 500 mil empleos que hoy son informales, este proyecto tiene dos grandes objetivos: i) Por un lado buscan la formalización de empleo, y ii) por el otro incentivar a las empresas en la contratación de aspirantes del mercado laboral formal.

Lo interesante de este proyecto de ley es que le apunta a dos de los temas que más afectan el mercado laboral colombiano: la informalidad y desempleo juvenil, hasta este punto está bien, pero en mí concepto faltarían otras medidas que permitirían obtener un mayor impacto en la población objetivo.

Empecemos hablando de los “Incentivos para la formalización del empleo”. El diseño de programas de desarrollo empresarial dirigidos a la promoción de la formalización, permitirá a los micro y pequeñas empresas conocer las ventajas de la formalización de estas firmas, como es bien sabido, entre mayor sea el conjunto de información que tengamos las decisiones que tomemos serán más acertadas, esta capacitación le permitirá a los empresarios realizar un análisis costo-beneficio, con el cual se darán cuenta que la mejor opción es la formalización. Este tipo de iniciativas son bastante buenas, y uno esperaría que los resultados sean positivos en el mediano plazo, teniendo en cuenta que muy probablemente una parte de la informalidad se deba al desconocimiento de los beneficios que trae la formalidad.

Otros aspectos como el pago progresivo del impuesto sobre la renta y los parafiscales para las nuevas micro y pequeñas empresas, la progresividad en la expedición y renovación del registro mercantil, la simplificación de trámites laborales y comerciales, entre otras, facilitan a los empresarios la creación de sus empresas. Santamaría y Rozo (2008) encuentran que estas casusas para la informalidad tanto de empresas como de trabajadores, puede deberse en parte a la exclusión, es decir los excesivos trámites y elevados costos que conlleva la constitución de una empresa formal. En este sentido, este proyecto de ley busca crear los incentivos tanto tributarios como de “tramitología” necesarios para que las empresas se formalicen y de esta manera darle un empujón a las micro y pequeñas empresas en esos primeros años que son los más críticos en términos de sostenibilidad.

Pero a pesar de este avance, el efecto de esta ley puede no ser el esperado en la formalización de las empresas (de acuerdo a datos del Ministerio de Protección Social llega al 60 % de las micro y pequeñas empresas), si no se trabaja en políticas complementarias relacionadas con el microcrédito. Actualmente Colombia cuenta con uno de los sectores microfinancieros con mayor proyección en América Latina, esta es una noticia buena para los empresarios de este segmento de la producción, puesto que les garantiza mayor acceso al crédito formal. Pero el problema se encuentra en que una de las condiciones para el otorgamiento del microcrédito, es que la empresa tenga por lo menos un año de operación. Esto genera una barrera de acceso al crédito formal que puede afectar la creación de empresa por dos razones: i) Los emprendedores pueden no conseguir el dinero suficiente para crear su empresa y deciden desistir de la idea, esto va a ser menos probable cuando se tiene un proyecto bien estructurado; ii) Deberán acudir a los créditos informales, en caso de que sus ahorros no les alcancen ó que no pueda conseguir los socios con el capital necesario, el costo de estos créditos es por lo general mucho más alto que el del sector formal. Si esto ocurriera se encarecería sustancialmente la creación de nuevas empresas lo que podría llevar a que los costos compensen los beneficios obtenidos por esta ley.

Por esta razón, este proyecto debe complementarse con créditos a las nuevas micro y pequeñas empresas durante su primer año de funcionamiento. En este punto para evitar posibles problemas de selección adversa, se tendrían que crear mecanismos de incentivos para las microfinancieras así como acompañamiento al empresario, todo esto minimizaría la probabilidad de fracasar en este primer año.

Con respecto al segundo objetivo del proyecto de ley, incentivos al primer empleo. Estos se encuentran concentrados en el descuento de los aportes parafiscales, para aquellas empresas que incrementen el número de empleados menores de 25 años en relación “al número que cotizaba el 30 de junio de 2010”, y que incremente el valor total de la nómina en relación al mismo periodo mencionado, para este último la condición es que los nuevos trabajadores se encuentren en el rango de edad mencionado. En este sentido el Gobierno Nacional busca disminuir la tasa de desempleo para el grupo de edad de la población más vulnerable, debido a su baja cualificación y experiencia laboral, los jóvenes.

Esto es un avance importante para disminuir la tasa de desempleo de los jóvenes, que de acuerdo al último boletín del DANE (trimestre móvil mayo-julio) está en el 22.2% para el Total Nacional y del 24.3% en promedio para las trece principales ciudades con sus áreas metropolitanas. Pero es necesario trabajar también en otro segmento de la población, pertenecientes al desempleo estructural, los trabajadores no calificados. De acuerdo al Boletín del DANE sobre informalidad para este mismo periodo, el 52.4% de la población ocupada en el empleo informal tenía nivel de escolaridad secundaria y el 30.4% primaria. La idea acá sería desarrollar programas de entrenamiento y capacitación, que les permita a estos trabajadores adquirir habilidades demandadas por el mercado laboral actual, así como programas de emprendimiento empresarial. Con esta última media se estaría combatiendo el desempleo estructural.

De ser aprobado este proyecto de ley, que es lo más probable, el país avanzará hacia una mejora sustancial de la calidad de empleo para muchos trabajadores, y en la disminución de la tasa de desempleo juvenil. Pero, ¿por qué no emprender una política de empleo aún más agresiva que incluya aspectos que la complementen y multipliquen su efecto? Algunos ya se mencionaron en este blog, pero existen rigideces en el mercado laboral colombiano sobre las cuales aún se tiene que trabajar. Sobre éstas hablaré en una próxima ocasión.

Europa bajo tensión

Los hechos recientes en la Zona Euro han puesto en vilo al mercado, incluso después del anuncio de un paquete de ayuda de EUR500 mil millones. En estos momentos se observan elevados niveles de volatilidad ante temores de que los riesgos fiscales de Grecia se extiendan a otras economías de la región.

El Banco Central Europeo (BCE) enfrentó la crisis subprime a través de una política monetaria expansiva reflejada en el recorte de la tasa de interés, seguida por una expansión de los agregados monetarios. Parte de esta estrategia, implicó la compra de la deuda pública de los países miembros de la Eurozona con el fin de facilitar la obtención de los recursos necesarios para llevar a cabo políticas fiscales capaces de sacar a las economías adelante.

No obstante, durante 1T10 y como resultado de un comportamiento fiscal poco estricto el BCE decidió no comprar más títulos griegos. Los inversionistas internacionales también rechazaron la deuda griega, lo cual afectó negativamente su desempeño. La desconfianza se extendió inclusive a los usuarios del sistema financiero, muchos de los cuales retiraron sus depósitos para llevarlos a bancos más seguros de otros países. El temor de los mercados internacionales encareció el costo de la rotación de la deuda griega y de las obligaciones de otros países que se encontraban en una situación similar (España, Irlanda, Portugal). El mayor costo de la nueva financiación, la disminución de los ingresos públicos por la recesión y sus malas perspectivas de crecimiento, llevaron a que el mercado descontara una moratoria de la deuda de estas economías.

La solución, que se presentó en meses pasados parecía sencilla y contundente: Un mecanismo financiero de ayuda de EUR500 mil millones, compuestos por EUR60 mil millones de préstamos aportados por la Comisión Europea y de EUR400 mil millones de euros en préstamos o garantías por los países de la región.

En un principio la percepción del mercado fue positiva, no obstante, el problema de raíz no se ha solucionado ya que existe el peligro de que el ajuste fiscal necesario para que las economías en problemas recuperen la confianza de los mercados sea demasiado severo, de manera que agudice la recesión actual. De materializarse lo anterior podríamos presenciar el incumplimiento de las metas concertadas. Este fracaso, iniciaría un efecto negativo sobre los mercados incrementando la desconfianza, llevando a un riesgo soberano más alto y a una mayor estrechez en el acceso a los mercados de crédito. En este escenario no faltaran las fuentes de crédito multilateral, lo cual podría llevar a un círculo vicioso que conduzca finalmente a una cesación de pagos desordenada de la deuda.

El reto de estas economías se resume en la necesidad que enfrentan de llevar a cabo un ajuste fiscal que lleve el déficit a una trayectoria decreciente y la deuda pública a una senda sostenible. Los próximos meses serán fundamentales para evaluar la capacidad de estos gobiernos de salir adelante, mientras el mercado se pregunta sobre las elevadas implicaciones de una única moneda.

Parafiscales, empleo y desempleo

La situación del mercado laboral es tema relevante y a la vez candente en época electoral. Una de las hipótesis que más aceptación ha ganado es que los costos laborales no salariales en Colombia explican en buena medida el alto desempleo estructural del país. Dentro de los costos laborales no salariales los parafiscales son un 9% como proporción del salario mínimo, mientras que vacaciones, salud pensión y demás suman un 41.28% en relación al salario mínimo y están a cargo del empleador, ver Sánchez et. al. Los costos laborales no salariales colombianos son altos en comparación internacional y los parafiscales recaudan alrededor del 1.4% del PIB, Ver Fedesarrollo. El efecto inmediato de estos impuestos a la nómina es encarecer la contratación ¿Cuáles son las consecuencias? El impacto en el empleo y desempleo no es evidente y depende de otras características del mercado laboral colombiano y por lo tanto los parafiscales no son una condición suficiente para explicar el alto desempleo, veamos porque:
1) Sin rigideces en el mercado laboral estos impuestos no se trasladan completamente al empleador sino que se ven reflejados parcialmente en menores salarios, y como para los trabajadores no calificados la demanda de trabajo se ha hecho más elástica entonces entonces la carga del tributo a cargo del empleado ha aumentado en el tiempo. El nivel de empleo disminuye y el efecto en desempleo depende de la participación en el mercado laboral
2) Al introducir el salario mínimo con la regla de fijación que funciona en Colombia entonces se crea una rigidez real que al combinarla con los los impuestos a la nómina ocasiona una divergencia creciente entre el salario de equilibrio en el mercado laboral y el vigente. Como con esta norma la capacidad de trasladar el impuesto al trabajador vía menores salarios disminuye entonces se crea el incentivo para cambiar las formas de contratación hacia prestación de servicios y otras que se catalogan como cuenta propia y que se aproxima a la informalidad laboral.
3) Al crear el incentivo a la "informalidad" se mitiga el efecto en desempleo pues hay una vía de ajuste por fuera, parcialmente, de las normas. Hugo López y Jesús Botero calculan que la disminución de los parafiscales incrementaría el empleo urbano en unos 210 mil puestos en 4 años, valor bastante modesto en relación a la magnitud del problema
4) Así pues, es más factible que el impacto de la reducción de estos impuestos tenga un efecto más importante en la reducción de la informalidad que del desempleo. De hecho la creación de 210 mil empleos no garantiza que se reduzca la tasa de desempleo si la participación aumenta.

Hay que darle más relevancia en el debate al ritmo y composición del crecimiento económico, la adecuación de la oferta laboral a las necesidades de las firmas, los incentivos a la inversión y el grado de sustituibilidad del capital y el trabajo, el cambio técnico, los mecanismos de protección del desempleo y las políticas activas de empleo, ...

¿Sepagan muchos impuestos en Colombia?

Ingreso tributario % PIB

Mayor tarifa marginal de renta